El proyecto de blanqueo de capitales contempla penas de hasta dos años de cárcel para los periodistas que den a conocer cualquier dato de las personas que ingresen al blanqueo.

La polémica medida figura en el artículo 85 del proyecto enviado por el gobierno nacional, y garantiza el "más absoluto secreto" a quienes decidan ingresar al beneficio que el Poder Ejecutivo quiere implementar.

El diputado de PRO, Pablo Tonelli, se mostró sorprendido por el artículo. "No sabía, ¿dónde dice eso?", le dijo al periodista de Radio Belgrano. Pero rápidamente ensayó una explicación: "En principio la revelación de secretos es algo que alcanza a todo el mundo en la medida que esté en conocimiento de algún dato que no pueda ser revelado, sea magistrado o un tercero", dijo.

"Yo, como periodista, no tengo la obligación de guardar ningún secreto", reaccionó Pablo Duggan. "Depende de qué información se trate y de cómo haya llegado a su conocimiento. Hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios publicos ni por los periodistas", replicó el diputado.

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, consideró que “los periodistas no deben estar alcanzados” por la sanción. “Veremos la manera de proponer una modificación. Ningún periodista debería estar incluido”, explicó.

Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) criticó duramente el artículo. “Afecta gravemente el derecho de libertad de expresión, en general, y el de libertad de prensa en particular”, consideró esa organización en un comunicado, en el que también solicitó a los legisladores nacionales “que se aprestan a debatir esta iniciativa en las comisiones a que modifiquen la redacción para evitar la aprobación de una disposición que resultaría a todas luces inconstitucional”.

De acuerdo con la entidad, “tal como está redactado, este artículo lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar en un ámbito en el que podrían existir hechos de interés público”. Además, FOPEA reclamó al Poder Ejecutivo, que envió el proyecto al Congreso, y a los legisladores “que excluyan a los periodistas de la restricción aplicada a los funcionarios y magistrados”.

En la oposición también salieron al cruce. Desde bloque de diputados nacionales FPV-PJ, presidido por Héctor Recalde, expresaron que "el artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32.", precisaron.

"Además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse", añadieron.